Pacto Fiscal: ¿qué es y por qué el alboroto?

Por: Yenisey Valles

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Como si no hubiera ya suficiente incertidumbre económica, diversos gobernadores han amenazado con romper el pacto fiscal.

No es la primera vez que se pone en discusión el arreglo fiscal y los argumentos para modificarlo son múltiples. Ahora, el motivo que la Alianza Federalista ha puesto sobre la mesa es la distribución inequitativa del presupuesto a los estados. 

Sin embargo, ¿qué tan probable es que se concrete una ruptura del pacto fiscal? Y de ser así, ¿cómo afectaría al sector empresarial?

 

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¿Qué es el pacto fiscal? 

Primero, vale la pena aclarar que la intención de los gobernadores no equivale a un movimiento separatista. Lo que está en discusión es el pacto fiscal, no el pacto federal, que es la unión de los 31 estados y la Ciudad de México. 

El pacto fiscal es el arreglo con que los estados de la Federación han decidido repartir las facultades tributarias para recaudar y asignar el gasto, explica el investigador Guillermo Cejudo en esta nota informativa.

 

¿Cuáles son sus beneficios u objetivos? 

Tal como está plasmado en la Ley de Coordinación Fiscal, el espíritu de este arreglo es impulsar el desarrollo equitativo del país, al permitir que el gobierno mexicano recaude impuestos para repartirlos entre los estados, con ventajas claras: 

  • Favorece una recolección más eficiente y ordenada de impuestos. 
  • Hace posible que las entidades obtengan una retribución de lo recaudado por los impuestos federales. 
  • Libera a los gobiernos de carga administrativa, para que se enfoquen en sus propios objetivos. 
  • Ayuda a la distribución de los ingresos petroleros.  

Un punto a resaltar es que, a través de este acuerdo de coordinación fiscal, las personas y empresas evitan pagar una doble tributación, pues de otra forma, se tendría cada impuesto en dos modalidades (federal y local), destaca el Colegio de Contadores Públicos de México.

 

Distribución del presupuesto, ¿o algo más?

Hasta aquí, la teoría suena bien. Pero, como suele suceder en los gobiernos, la práctica se aleja de lo establecido en las leyes.  

Desde hace años, el arreglo fiscal ha sido cuestionado porque genera problemas de coordinación y fricciones en la operación de políticas públicas. 

Además, los especialistas coinciden en que no se está cumpliendo el espíritu original del acuerdo: equilibrar los recursos y oportunidades entre todas las entidades, al repartirles los recursos de manera equitativa. 

¿La razón? El dinero se reparte con fórmulas que no incorporan variables como la desigualdad y la pobreza. El principal factor que se toma en cuenta es el tamaño de la población, aspecto que se ha considerado ventajoso para el Estado de México. 

Desde abril pasado, los gobernadores de estados como Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas ya estaban exigiendo que se replanteara este acuerdo. Sin embargo, su postura no genera eco entre los críticos del pacto fiscal, quienes lo cuestionan por motivos diferentes.

 

¿Tiene sentido la discusión actual? 

En medio de sus alegatos, los gobernadores de la Alianza Federalista omiten un hecho fundamental: a los estados y municipios no les conviene tomar las riendas de su recaudación, porque no cuentan con suficiente capacidad administrativa y financiera. 

Aún más, los gobernadores hacen sus reclamos a partir de las aportaciones de sus estados al Producto Interno Bruto (PIB) y no de los impuestos que generan, que es lo que finalmente se reparte entre las entidades. 

Como señala en este artículo el especialista en justicia fiscal, Carlos Brown, los argumentos de este grupo no tienen sentido a la luz de algunos datos:   

  • Los principales estados inconformes recaudan menos del 10% de los impuestos del país (Nuevo León, Coahuila y Jalisco). 
  • 93 de cada 100 pesos que se recaudan en México, provienen de la Federación. 
  • Los gobiernos locales no cuentan con capacidad de recaudación propia. No poseen la inteligencia financiera, la estructura administrativa ni los mecanismos de cobro requeridos. 

La situación se agrava si se toma en cuenta que México es uno de los países con la peor recaudación de América Latina, una carencia que la autoridad pretende combatir -precisamente- con la reforma fiscal 2021.

 

Sector empresarial: opiniones y afectaciones

Ahora bien, algunos grupos de la iniciativa privada sí apoyan a la Alianza Federalista. En concreto, la Coparmex Nuevo León considera necesario:  

  • Descentralizar los recursos públicos 
  • Redistribuir las participaciones federales 
  • Mejorar los mecanismos de fiscalización 

El mayor énfasis del sector patronal está en aumentar el monto que llega a las entidades y municipios. En la actualidad, la Federación mantiene el 80 por ciento de las recaudaciones y reparte el 20 por ciento restante, fórmula que la Coparmex plantea cambiar a 70-30.   

De esta manera, los gobiernos locales contarían con más recursos para atraer inversiones e implementar políticas que fomenten el crecimiento empresarial.

 

¿Qué tan fácil es que los estados abandonen el Pacto Fiscal?

Por más réditos políticos que genere, la propuesta de abandonar el acuerdo fiscal se considera inviable para los estados inconformes, según han señalado diversos analistas fiscales y financieros

Aunque la ley no impide que las entidades abandonen el acuerdo fiscal, tampoco establece el procedimiento para hacerlo. Por ello, políticamente es complicado: los estados tendrían que organizar una convención hacendaria o impulsar otros medios para modificar la Constitución. 

Pero el principal obstáculo para romper el pacto de participaciones federales es que resultaría financieramente imposible para los estados, pues la mayor parte de sus recursos provienen de la Federación. 

Por ejemplo, en el caso de Jalisco, nueve de cada 10 pesos que gasta provienen de la Federación. Ciertamente, la mayoría de los apoyos de gobierno son posibles gracias a recursos federales.

 

Conclusiones 

Todavía no termina la polémica por los domicilios fiscales, cuando los gobernadores inconformes han añadido más presión.  

De hecho, diversas voces ya han señalado lo inoportuno que resulta esta nueva tentativa de los gobernadores contra el acuerdo fiscal, porque solo añade más tensión en estos tiempos de crisis. 

Aunque es una discusión latente, que seguirá generando ruido, no se vislumbran consecuencias concretas para los próximos meses; no solo porque políticamente es complicado, sino también porque financieramente es imposible.  

Incluso, los propios gobernadores han postergado la discusión, expresando que en estos meses mejor se concentrarán en el presupuesto. 

Así que posiblemente, el tema será retomado en el 2021. Sin duda, esa nueva discusión deberá abrir el camino para plantear mejoras en el pacto fiscal, que redunden en una redistribución equitativa de los recursos, pero también en una corresponsabilidad de los gobiernos locales en la recaudación.

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