Outsourcing: qué es y por qué buscan eliminarlo

Entender qué es el outsourcing y sus distintas prácticas, es indispensable para seguir la discusión actual entre el gobierno y el sector privado sobre este tema.

Cada vez son más álgidas las negociaciones sobre la iniciativa del gobierno para eliminar o modificar el sistema de outsourcing, que es una de las modalidades más comunes de empleo en México.

De hecho, 4.6 millones de personas laboran mediante alguna forma de subcontratación laboral, según datos del INEGI al cierre del 2019. Esto significa el 17 por ciento de los trabajadores ocupados, de acuerdo con Expansión.

Por ello, analizaremos qué es la subcontratación laboral y cuáles son sus efectos, así como los claroscuros de la iniciativa de reforma presentada por el gobierno mexicano. ¡Allá vamos!

¿Qué es el outsourcing?

En términos generales, el outsourcing es el proceso mediante el cual una empresa subcontrata a terceros para realizar una actividad o tarea, con el fin de aumentar la producción, acceder a nuevas tecnologías o reducir costos, como explica este artículo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en este régimen un contratista presta un servicio con trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante que fija las tareas y supervisa.

Ahora bien, la misma Ley establece los requisitos para esta modalidad. De no cumplir con ellos, para efectos legales el contratante se considerará patrón. Entre las principales condiciones, podemos mencionar:

Las tareas por delegar deben ser especializadas y ajenas al giro principal de la empresa contratante.
Las empresas tienen prohibido subcontratar al 100% de sus empleados.
No se puede tener a dos trabajadores en el mismo cargo, con diferentes modelos de contratación.

Ventajas y desventajas de la subcontratación para las empresas

Como se plantea en la ley, las empresas únicamente deberían reservar para lo que es el outsourcing, las tareas ajenas a su giro o actividad económica.

En tal sentido, los empleadores pueden recurrir a esta modalidad laboral para obtener:

Reducción de gasto en manufactura y sueldos e impuestos laborales.
Optimización de tiempos de entrega y calidad.
Capacidad de responder oportuna y efectivamente a los cambios del entorno.
Competencia mano a mano con otras compañías.
Familiarización con nuevas tecnologías.
Acceso a mejores recursos tecnológicos sin necesidad de capacitar al personal.

Sin embargo, la subcontratación también conlleva riesgos como:

Dependencia hacia terceros para innovar.
Pérdida de contacto de los trabajadores con nuevas tecnologías.
Reducción de control en el proceso de entrega de productos y servicios.
Riesgo de vulnerar la propiedad intelectual e información confidencial de la empresa.

Malas prácticas que busca eliminar el gobierno

Con frecuencia, las leyes terminan prestando excusas a los vicios, es una frase célebre que escribió René Descartes en el siglo XVII. Precisamente, es lo que de acuerdo con las autoridades mexicanas ha ocurrido con la figura del outsourcing, que al parecer se ha prestado a abusos y esquemas ilegales.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de los 4.6 millones de trabajadores subcontratados en México, cerca de 2.9 millones lo estarían bajo un esquema ilegal.

Éstos son algunos de los abusos más comunes, según el IMSS:

Simular la existencia de una relación laboral
Registrar a los trabajadores con un salario inferior
Desagregar a una parte de la plantilla laboral
No integrar el salario base de cotización
Pagar una parte del salario en efectivo para evadir obligaciones

Por si fuera poco, a nivel nacional, la subcontratación de personal genera pérdidas anuales por 21 millones pesos al sistema de seguridad social en México, con lo que el mismo director del IMSS ha dicho que se podrían construir 14 hospitales de segundo nivel.

Iniciativa de reforma outsourcing 2020

Para acotar el outsourcing e inhibir las prácticas elusivas, el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados, desde principios de noviembre.

En términos generales, esta propuesta:

Prohíbe la subcontratación de personal, con excepciones muy específicas.
Permite únicamente la prestación de servicios especializados, que no forman parte del objeto social de la empresa. Las empresas contratistas que otorguen este tipo de servicios deberán obtener cada 3 años la autorización de la STPS y formar parte de un padrón público.
Obliga a los empleadores que recurran a estos contratistas para servicios especializados, a entregar informes trimestrales detallados a la autoridad laboral. Además, se convierten en responsables solidarios en caso de incumplimiento de los contratistas.
Limita las agencias de colocación únicamente a labores de reclutamiento de personal, selección, contratación y capacitación; es decir, ya que no deberían fungir como patrones.
Propone multas que varían entre 2 mil y 50 mil UMA, es decir, desde 173 mil hasta 4 millones de pesos.

Cabe señalar que la reforma propone cambios en la LFT, Ley de Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

Lo bueno: beneficios de la reforma al outsourcing

Para los trabajadores, generalmente el outsourcing significa que:

En promedio, deben esperar cuatro años más para poder acceder a un crédito de Infonavit.
Tardan 10 años más en pagar un crédito hipotecario, según el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
No generan antigüedad ni reciben prestaciones como el aguinaldo, pues no cuentan con un contrato de trabajo, o bien, éste no es permanente.

Ante la precariedad laboral que ha implicado la subcontratación bajo esquemas ilegales, la reforma que busca el Ejecutivo puede traer al menos tres beneficios claros para la fuerza laboral:

Certidumbre y certeza jurídica a los trabajadores, quienes conocerán quién es su patrón y cuál es su salario real, lo que reducirá el estrés laboral.
Mejoría en el acceso a créditos Infonavit y otras prestaciones.
Acceso a trabajos mejor remunerados.

Lo malo: preocupaciones por la iniciativa

Tan pronto como el esquema de subcontratación laboral fue puesto en tela de juicio, distintas voces del sector privado y sindicatos salieron a exigir que el Gobierno no generalice y distinga entre los empleadores que sí necesitan de esta figura y quienes la utilizan para abusar.

A grandes rasgos, las críticas no se oponen a una reforma en el outsourcing, pero sí afirman que prohibir la subcontratación laboral generaría efectos nefastos, como:

Desalentar la creación de empleos, principalmente entre las empresas que sí han recurrido legalmente a lo que es el outsourcing.
Poner en riesgo miles de trabajos que actualmente operan bajo el esquema de subcontratación. De hecho, podrían perderse 2 millones de empleos que pasarían a la informalidad, advirtió la Coparmex.
Incentivar la creación informal de empleos, sobre todo entre los negocios que no pueden solventar la creación de plazas laborales.
Afectar la competitividad de industrias como la automotriz, que según se ha señalado, necesita de esta flexibilidad laboral para sus labores de ensamblaje.
Elevar la carga fiscal y de seguridad social de las empresas (según la misma Coparmex, los patrones tendrían que destinar 40 por ciento más a impuestos laborales).

Acuerdo tripartita: se aplaza dictamen de iniciativa de outsourcing

Ante la dimensión de los cambios que propone esta iniciativa, la discusión parlamentaria para aprobarla fue pospuesta para febrero del 2021.

El Gobierno Federal, el sector privado y los sindicatos llegaron a un “acuerdo tripartita”, que además de aplazar la reforma de outsourcing, compromete a las empresas a eliminar prácticas abusivas, como el despido en diciembre de trabajadores subcontratados.

En este acuerdo, las partes establecen que:

Tanto el sector privado como los sindicatos están de acuerdo con el Gobierno en combatir lo que es outsourcing ilegal.
El IMSS y el SAT harán un exhorto formal a las empresas que incurren en prácticas elusivas y abusos en la subcontratación de personal.
Se iniciará un proceso de consulta para definir un sistema de reparto de utilidades justo y equitativo.
La discusión parlamentaria de febrero se marcará como preferente para que pueda desahogarse en un plazo máximo de 30 días.

Conclusiones

Una buena noticia que los especialistas han destacado es que, en la discusión por la reforma al outsourcing, todas las partes cedieron. El gobierno aceptó aplazar el debate, mientras que las empresas se comprometieron a eliminar cualquier forma de subcontratación abusiva.

Uno de los mayores retos en la próxima discusión será lograr una reforma que promueva el empleo digno, pero que también fomente el desarrollo de las empresas.

La subcontratación proliferó en los últimos años, a raíz de que el gobierno de Enrique Peña Nieto eliminara la posibilidad de deducir la nómina, observa Factor Capital Humano. Para las empresas, se volvió más atractivo tener a una compañía que absorbiera a todo el personal y les entregara facturas, por las que sí se puede deducir el 100 por ciento.

Por ello, para eliminar abusos y prácticas elusivas como lo que es el outsourcing ilegal, será clave que la reforma permita deducir prestaciones y otros mecanismos que incentiven una cultura de cumplimiento por parte de los empleadores.

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